Jose C. Estoy muy preocupado por la forma en Canal Siete dio cobertura al programa de seguridad que el gobierno dio a conocer. El otro día en una sentencia dije que, el derecho penal servia para dos cosas, la primera para reprimir enemigos y la segunda para garantizar la libertad de los ciudadanos. La función la asigna la sociedad y el modelo de Estado. En nuestro caso la primera es impensable, por lo que la solución al problema de la seguridad no puede buscarse en el derecho penal. La insistencia de buscar en las penas y el proceso penal las respuestas que están en otra parte, sumado a la presión en favor de la violencia y la arbitrariedad estatal que promueven los medios de comunicación de mayor difusión, solo retardan el amanecer.
Francisco S. En mi opinión el sistema de justicia penal tiene una cuota de responsabilidad residual o de segundo plano en el tema de la seguridad ciudadana, pero ciertamente no tiene la importancia que la mayoría de las veces se le atribuye. Desde esa perspectiva no puede el Poder Judicial ausentarse o aislarse de las polìticas públicas diseñadas para hacerle frente al fenómeno de la delincuencia.
Jose C. Yo discrepo ya que, al hablar de seguridad ciudadana, hablamos de la posibilidad - baja o nula -que tengo yo (y cualquier otro hijo de vecino) de salir a la calle y ser víctima de un delito. Es decir se asocia directa y necesariamente a la idea prevención (aunque a muchos los disguste), mientras que el sistema de justicia penal, actua por reacción ante el delito, por lo que por definición, no se relaciona con la evitación de los hechos. El establecimiento de consecuencias, el atribuir responsabilidades, como antítesis de la impunidad, si que tiene que ver con la intensidad y capacidad de reacción de ese sistema. Lo cual se asocia directamente con el fortalecimiento de la democracia, en cuanto a sistema de convivencia social, pero no brindando "seguridad" sino reestableciendo el orden. En ese orden de ideas es que creo que el poder judicial como institución debe tomar distancia del conflicto de la seguridad para no comprometer su credibilidad / función ante falsas expectativas "ciudadanas". Ello no excluye que algunas de las oficinas del poder judicial deberían tener roles más activos en la conformación de la politica criminal, por e.j el MP, pero para que ello no roce con lo dicho, debe ir buscándose alternativas de ubicación para la fiscalía.
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